No acabamos de cerrar la última polémica sectorial,
el céntimo sanitario, y ya nos vemos inmersos en la siguiente. Esta vez el conflicto viene por cuenta de la
DGT, y más concretamente del proyecto de Orden por la que se modifica el Anexo IX del Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1988, de 23 de diciembre.
Tal proyecto de modificación tiene como objetivo los pesos y dimensiones de vehículos de transporte, y autorizaría el uso de los cuestionados megacamiones en nuestras vías. Ante el escaso plazo de tan sólo 10 días que ha sido otorgado al comité para analizar detenidamente esta reforma, el mismo considera no estar en disposición de entrar en pormenores técnicos acerca de la validez del texto propuesto, pudiendo oponerse aún en mayor de medida de lo que lo están actualmente.
Algunos de los argumentos que aportan en contra de esta modificación son:
“Una modificación de la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte por carretera, del alcance que se pretende, debe hacerse con criterios de rigor técnico y de seguridad jurídica, atributos de los que adolece completamente el texto que informamos.”
“Los presupuestos que se prevén para las nuevas dimensiones de los vehículos de transporte por carretera, son tan imprecisos y genéricos, que admiten todo tipo de interpretaciones, algunas de ellas alarmantes.”
“Se desconoce el encaje legal de las autorizaciones que ampararán la circulación de los megatrailers, considerando que el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos sólo contempla el otorgamiento de autorizaciones especiales para cargas indivisibles. Tampoco se conoce cuál va a ser la categoría a la que se va a asignar este tipo de vehículos, a efectos del otorgamiento de tal autorización. Consecuentemente, la inseguridad jurídica no puede ser mayor.”
“ Resulta altamente preocupante que al tiempo que se destacan los importantes beneficios económicos, que esta reforma va a suponer para los “diversos sectores del empresariado” que reclaman esta medida, no se haga sin embargo, mención alguna a estudios técnicos realizados acerca de su incidencia en la seguridad vial.”
“No existe una normativa europea que regule de manera homogénea y coherente, los pesos y dimensiones de los vehículos, que es lo que este sector lleva años reclamando a la Administración que promueva ante las instituciones europeas”.
El mismo Comité finaliza el comunicado en el que muestra su disconformidad afirmando: “consciente de las enormes presiones que sobre el Gobierno están realizando determinados sectores de empresas cargadoras, que anteponen su interés económico a cualquier otra consideración- incluido el más elemental sentido común- no puede menos que estar abierto a debatir con la serenidad que la medida requiere, todas estas cuestiones. Pero todo, desde luego, bajo criterios de rigor técnico, seguridad jurídica, y un ordenado funcionamiento del mercado de transporte.”