Política, automoción y crisis

Demonizar al automóvil como causante de grandes males al mismo tiempo que se obtienen de él elevados ingresos impositivos parece haberse convertido en una de las principales actividades de los políticos actuales.
Los conductores y contribuyentes debemos saber a ciencia cierta que aumentar el importe de las multas tiene como único objetivo disminuir la siniestralidad y no engordar las arcas del estado, y ello a pesar de que dichos ingresos no son reinvertidos en mejorar infraestructuras.
La implantación de una tasa impositiva inferior a los vehículos de menores emisiones se ha producido tarde, el plan VIVE nació muerto, y mientras tanto son muchos los fabricantes que podrían ofrecer vehículos impulsados por energías alternativas (como los biocombustibles) que no pueden hacerlo porque no se han promovido desde el estado infraestructuras adecuadas.
No ocurre sólo en nuestro país. Los políticos americanos echan marcha atrás en las prometidas ayudas a los tres grandes (Chrysler, Ford y GM) mientras las compañías automovilísticas luchan denonadamente por buscar salidas comercialmente viables a vehículos más ecológicos.
Estados Unidos siempre ha dado una de cal y otra de arena en el sector del automóvil. Aunque estados como California creaban leyes para potenciar el uso de vehículos ecológicos, los americanos situaban a los llamados trucks (pick ups de grandes dimensiones y gastones mecánicas de gran cilindrada) en las primeras posiciones de los rankings de ventas.
La actual situación de las grandes empresas automovilísticas tiene demasiadas ramificaciones como para simplificar los motivos de la misma. Hablar únicamente de una mala gestión sería quedarse en la superficie del problema. Curiosamente son las grandes empresas americanas las que más se están resintiendo en estos tiempos de crisis, y existen razones más allá de la gesión propia.
El país de las libertades es también un país de grandes carencias en el terreno de las coberturas sociales. Son las compañías las que, de manera habitual, ofrecen a sus trabajadores beneficios como los seguros médicos o los planes de pensiones. En la época de bonanza económica, pasadas las grandes guerras, los fabricantes automovilísticos dieron cobertura social a sus empleados y les prometieron beneficios sociales a largo plazo que, obviamente, tuvieron que cumplir. Décadas después, los beneficios prometidos a los trabajadores se han convertido en grandes losas para unas compañías que son ahora tachadas de antipatriotas por requerir dinero de los contribuyentes en busca de la supervivencia.
Tenemos por otra parte el problema de la globalización. Aparentemente perfecta para la consecución de economías de escala, la implantación de legislaciones dispares y en ocasiones en clara oposición a la tecnología existente en la época han obligado a grandes inversiones en I+D. La lógica implantación de medidas cada vez más estrictas en cuanto a emisiones de los automóviles no ha sido habitualmente apoyada por parte de las instituciones, dejando toda la carga financiera de las mismas a los propios fabricantes que, al mismo tiempo, no podían repercutir su aumento de costes en los precios finales de sus modelos. No hace demasiado tiempo directivos de marcas como BMW criticaban la falta de rigor de unas medidas que, según explicaban, no podrían seguir aumentando sin fin.
De vuelta a nuestro país, Miguel Sebastián anunció recientemente su intención de contar con un millón de vehículos eléctricos en España para el 2014. Este tipo de promesas políticas llenas de optimismo y repletas de dificultades técnicas socaban la confianza que muchos ciudadanos carentes de conocimiento podrían tener en los fabricantes de automóviles. El hecho de que los automóviles eléctricos no sean una realidad hoy no proviene de oscuras intenciones maquiavélicas por parte de los constructores, sino de las muchas limitaciones técnicas y comerciales que este tipo de vehículos implican.
Ventajas fiscales obligatorias debido a su mayor coste y al I+D necesario para su desarrollo, implantación de infraestructuras adecuadas al enorme aumento de las necesidades energéticas, adaptación técnica de los vehículos a los requerimientos de los compradores o la protección del medio ambiente desde el mismo punto de creación de energía (utilizando energías renovables como la eólica o la solar) deben considerarse detalladamente para poder llevar a cabo una solución consensuada y viable.
Y por último queda el futuro a largo plazo, pues los coches eléctricos puros no son la alternativa a los automóviles actuales debido a su limitado rango de actuación. Tampoco lo son los denominados "de autonomía ampliada" como el Volt, pues éstos utilizan motores de combustión interna de gasolina o gasóleo. El futuro a largo plazo es, según todos los datos y tecnologías disponibles en la actualidad, el coche de hidrógeno. Lamentablemente, no existe -o no ha sido anunciado por ningún medio- propuesta ni proyecto por parte del gobierno para promover o planificar las futuras necesidades de este tipo de automóvil.
En este lodazal de sinsentidos, las compañías automovilísticas intentan fijar su mirada más allá de la situación actual para promover soluciones a medio plazo. Así, Javier Villalba, Director del Negocio Redes España de IBERDROLA, firmó ayer un acuerdo de colaboración con Jamal El-Hout, Vicepresidente de Planificación de Producto de General Motors Europa, para el estudio de las necesidades técnicas de la implantación y viabilidad de coches eléctricos enchufables. Por supuesto, el Chevrolet Volt y el Opel que utilizará su misma tecnología y que saldrán al mercado europeo en el 2011 son los vehículos sobre los que se está planificando esta actuación. Sin embargo, GM, al igual que otras compañías, también investiga el camino del hidrógeno.
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